¿Quiénes son los servidores públicos?
Son todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión a favor del Estado, por elección popular o nombramiento. Ya sea como miembros del Congreso de la Unión, el Poder Judicial o trabajadores de la Administración Pública Federal y organismos autónomos.
La diferencia entre un servidor público y un funcionario público es que éste último ocupa grados superiores de la estructura del Estado y asume funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando. Es decir, los funcionarios públicos pueden ejercer autoridad.
El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa lo siguiente: “Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.”
La Responsabilidad Civil de Servidores Públicos se origina cuando, en el ejercicio de sus funciones como empleados del Estado, efectúen acciones u omisiones que causen daños a terceros en sus bienes o derechos. La responsabilidad incurrida se puede clasificar de la siguiente forma:
Responsabilidad Administrativa: Cuando transgreden obligaciones contenidas en los diversos cuerpos normativos que rigen su actuar.
Responsabilidad Penal: Cuando infringen alguno de los preceptos contenidos en el Código Penal.
Responsabilidad Política: Cuando incurren en actos u omisiones graves que repercutan en perjuicio de los intereses nacionales o el bien común de la sociedad.
Responsabilidad Civil Constitucional: Cuando, con su actuación ilícita causen daños patrimoniales a particulares.
El Seguro de Responsabilidad Civil para Servidores Públicos cubre los agravios causados a terceros durante su gestión en la Administración Pública, siempre y cuando no sean producto de actos deshonestos o acciones dolosas.
Además de la indemnización a terceros afectados, el seguro cuenta con cobertura para gastos de defensa legal del Asegurado, es decir, todas las erogaciones monetarias originadas con motivo de la reclamación.
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